La jubilación de los escritores, ¿es posible?

Si hoy Gurb, el conocido personaje extraterrestre creado por Eduardo Mendoza, aterrizara de nuevo en nuestro planeta junto con su colega anónimo, es posible que, al llegar a nuestro país, se sorprendiera aún más del extraño comportamiento de los humanos que lo habitan y, en particular, de la situación que ha atravesado su creador recientemente. Mucho se ha escrito durante las últimas semanas acerca del agravio que vienen sufriendo en los últimos años los escritores jubilados, que están viendo cómo se les imponen importantes sanciones por percibir rendimientos procedentes de derechos de autor sobre sus obras y, al mismo tiempo, cobrar su pensión de jubilación.

¿Cuál es el problema?

En efecto, la reforma de las pensiones auspiciada por el anterior Gobierno, que entró en vigor en el año 2011 y que se instrumentó mediante la Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social (la misma que alargó la edad de jubilación desde los 65 hasta los 67 años), introdujo un nuevo apartado en el artículo 165 de la Ley de General de la Seguridad Social, según el cual “El percibo de la pensión de jubilación será compatible con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el Salario Mínimo Interprofesional, en cómputo anual”.

De esta forma, se prohibía percibir simultáneamente la pensión de jubilación, por un lado, y cualquier rendimiento procedente de actividades económicas, por otro, cuando estos superen el salario mínimo. Esta regla no tuvo en cuenta la naturaleza de las diferentes actividades económicas que pueden desarrollar los ciudadanos, equiparando las actividades culturales a cualquier otra. Por decirlo de alguna manera, se trataba de una medida más en contra de la cultura, unida a la subida del IVA cultural en 2012 o a la reducción progresiva, año tras año, de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado destinadas a la promoción cultural.

Visto el clamor popular contra estas medidas, el actual Gobierno, ahora en funciones, trató de paliar la situación con determinados guiños que, como veremos más adelante,resultaron del todo insuficientes y que, además, fueron sospechosos de llevarse a cabo en clave electoral, ya fuera por elecciones autonómicas o europeas. En ese escenario se enmarcó una segunda reforma de las pensiones en 2013 y la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, en 2014, para luchar contra la piratería.

La reforma de 2013 merece mención especial. Articulada mediante un Real Decreto-Ley, el mismo fue denominado como “de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y el envejecimiento activo”. En la Exposición de motivos se justifica la necesidad de reformar de nuevo las pensiones de la siguiente manera:

“El incremento de la edad de jubilación, la prolongación de la vida activa y el incremento de la participación en el mercado de trabajo de los trabajadores de más edad suponen elementos básicos para la adecuación y sostenibilidad de las pensiones. Para ello, es recomendable vincular la edad de jubilación a los aumentos de la esperanza de vida, racionalizar el acceso a los planes de jubilación anticipada y a otras vías de salida temprana del mercado laboral, y favorecer la prolongación de la vida laboral, facilitando el acceso al aprendizaje a lo largo de la vida, desarrollando oportunidades de empleo para los trabajadores de más edad y fomentando el envejecimiento activo”.

Más allá de que hagamos la reflexión sobre cómo puede encajar esta justificación con la enorme tasa de paro juvenil de nuestro país, de lo que no cabe duda es que en realidad lo que nos quiere decir esta norma es que debemos trabajar más tiempo, puesto que no hay dinero en la hucha para pagar las pensiones al ritmo actual. Habría sido lo mismo si hubieran escrito: “No se jubile, por favor, no podemos devolverle las cantidades que usted ha cotizado a lo largo de toda su vida”.

El Capítulo I del Real Decreto, que no se anda con rodeos, aprueba una compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo, por cuenta propia o ajena, sólo si se cumplen determinados requisitos y siempre con reducción proporcional de la pensión cobrada. Maldita compatibilidad.

¿Cómo afecta a los escritores?

Numerosos medios, como ElPaís (“El conflicto de las pensiones sacude la literatura española”) o La Vanguardia (“El Estado jubila a los escritores”), se han hecho eco de las notificaciones por parte de la Seguridad Social que han recibido escritores de renombre como Antonio Gamoneda (Premio Cervantes 2006), José Manuel Caballero Bonald (Premio Cervantes 2012), Javier Reverte o Eduardo Mendoza (Premio Planeta 2010), obligándoles a reintegrar las pensiones de jubilación percibidas en los últimos cuatro años, junto con las correspondientes sanciones.

Pero no solo los escritores famosos se han visto afectados por esta medida: también escritores menos conocidos, músicos, pintores, fotógrafos y resto de profesionales de la cultura que estén percibiendo cantidades como contraprestación de derechos de autor, todos ellos están en riesgo de perder su pensión de jubilación, al menos mientras sigan obteniendo rendimiento de sus obras. La situación es aún más sangrante si consideramos que la gran mayoría de ellos no ha generado el derecho a cobrar su pensión de jubilación por el valor de su trabajo cultural, sino por el desarrollo de sus carreras profesionales al margen de lo anterior.

Y aún lo es más si tenemos en cuenta la enorme permisividad de la Ley española con la compatibilización de salarios y sueldos públicos con el trabajo por cuenta propia, por ejemplo, de nuestros ex políticos. Por citar a los más conocidos, los ex presidentes del gobierno Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, perciben anualmente una pensión del Estado de alrededor de 75.000 euros (el importe exacto varía de año en año, según se publica en la Ley de Presupuestos Generales del Estado), que no tienen problema en compatibilizar con las conocidas (y elevadas) retribuciones como consejeros en grandes empresas del IBEX 35 como Endesa o Gas Natural, o bien por su actuación como consultores externos o conferenciantes.

Pero lo mejor de todo (podéis agarraros a vuestros asientos) es que, en algunos casos, una buena parte de sus emolumentos los obtienen… ¡gracias a sus obras literarias! Es posible consultar en la red la lista de obras publicadas por nuestros políticos, mediante las que explican su versión de lo ocurrido en nuestro país a lo largo de su carrera política. Así, por ejemplo, la revista VanityFair publicó en 2014 un interesante artículo en el que estimaba en 700.000 euros el importe que llegaría a percibir Zapatero de la Editorial Planeta, por publicar una trilogía relatando su visión política duranteel tiempo que duró su mandato como presidente. Solo unos años antes, Aznar hizo lo propio, publicando, también con Planeta, una trilogía por la que cobró 600.000 euros, según publicó El Confidencial en enero de 2011.

¿Existe alguna solución a este problema?

La escritora Carme Riera señaló hace tan solo unos días que “si a partir de los 65 años no se pudiera crear, hoy no tendríamos la segunda parte del Quijote”.

Aprovechando la reciente campaña electoral, prácticamente todos los partidos políticos han manifestado su intención de encontrar una solución a este problema. No obstante, ante el actual panorama político, no parece que debamos albergar demasiadas esperanzas de que este asunto se resuelva en un corto periodo de tiempo. Las prioridades son otras y, por el momento, nuestros maestros literarios deberán escoger entre renunciar a su pensión mientras sigan escribiendo, o dejar de escribir para poder acceder a su jubilación, sin duda bien merecida, aunque nuestro ordenamiento jurídico no esté de acuerdo con ello. Seguro que Gurb encontraría este hecho digno de recogerlo en su diario.